el PRO avanza en negociación con LLA para aprobar presupuesto
Luego de intensas negociaciones entre el bloque violeta liderado por Pilar Ramírez, representante de Karina Milei, y la bancada parlamentaria del PRO encabezada por Nieto, llegaron a un acuerdo. Este pacto permitirá que La Libertad Avanza (LLA) aporte los votos necesarios para sancionar la ley Madre, junto a las leyes Impositiva, Arancelaria, y el Código Fiscal. Además, se discutirá una ampliación del Presupuesto 2025 y la ley de Ministerios.
Una fuente cercana al PRO compartió que “hay sesión y van a estar los votos”, confirmando que se espera que las negociaciones lleguen a buen puerto. En este momento, el interbloque del PRO y la Coalición Cívica cuenta con 11 legisladores, constituyéndose como la segunda minoría después de los 18 representantes de Unión por la Patria (UP). LLA sigue con 8 legisladores, mientras que la UCR suma 7.
Cambios en Ingresos Brutos e Impuestos de Sellos: la negociación entre PRO y LLA
El oficialismo enfrenta un panorama complicado que lo obliga a negociar hasta el último momento. En este contexto, LLA potencia su postura con la buena performance electoral reciente para solicitar cambios en la estructura impositiva y ajustes en el Estado.
Antes de las elecciones, el acuerdo entre Mauricio Macri y los hermanos Milei funcionó como un alto al fuego temporal. Sin embargo, una vez finalizada la campaña, LLA retomó su posición para implementar sus propuestas en la ciudad. Las diferencias respecto al presupuesto se manifestaron públicamente, especialmente cuando Pilar Ramírez firmó un dictamen en disidencia, dejando en claro los cambios que se exigían para asegurar su apoyo.
Uno de los puntos más debatidos gira en torno al Código Fiscal. La propuesta del PRO sugiere que los trabajadores no profesionales de las tres categorías con menor base imponible en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos queden exentos del pago, proveyendo una bonificación del 75% para las categorías restantes. Por el contrario, LLA pide un 100% de exención para las primeras tres categorías y 75% para cinco categorías adicionales.
En cuanto al Impuesto a los Sellos, desde el PRO se propone un 3,5% sobre las transacciones inmobiliarias. LLA contraataca con una propuesta de 2,70% para operaciones de hasta $226 millones, además de eximir los créditos hipotecarios para vivienda única. Argumentaron que esto reduciría el costo financiero para acceder a una casa, reactivando un mercado estancado.
Además, pidieron la exención del impuesto de Sellos para el financiamiento de tarjetas de crédito, lo cual sería un alivio para quienes enfrentan dificultades financieras. “Si alguien paga el mínimo porque no llega a fin de mes, el banco le cobra intereses y además, el Estado le cobra el 1,2% sobre esos intereses”, señalaron desde LLA. También sugirieron ampliar la exención en Ingresos Brutos para los Fondos Comunes de Inversión, beneficiando a pequeños y medianos ahorristas.
Durante las negociaciones, Uspallata recibió las propuestas de LLA y dio luz verde a los cambios, lo que aumenta las expectativas de que la redacción final cuente con el respaldo de la bancada libertaria en la sesión de hoy. Sin embargo, el peronismo anticipa su rechazo al proyecto, dado que no han recibido respuestas sobre sus propias contrapropuestas, particularmente la exención de Ingresos Brutos para todos los monotributistas, una solicitud que consideran fundamental.
El bloque presidido por Claudia Neira ha criticado que el presupuesto de la ciudad no prioriza políticas de vivienda. “Se destinan recursos millonarios a otras áreas, mientras se desfinancia la vivienda y no hay una sola política de desarrollo económico que atienda las necesidades de los porteños”, argumentaron.
El PRO busca aprobar el paquete de proyectos en la sesión de hoy, dado que podría ser la última oportunidad antes de la asunción de los nuevos legisladores el 3 y 4 de diciembre. A partir de entonces, el PRO pasará a ser la tercera minoría en la legislatura.
Los números del Presupuesto 2026 de CABA
La “ley de leyes” del macrismo sigue las pautas del Presupuesto 2026 que Javier Milei presentó al Congreso en septiembre. Se proyecta un incremento del 5% en el nivel de actividad, una inflación del 10,1%, y un tipo de cambio que alcanzaría los $1.423 por dólar para fines del próximo año.
El Ministerio de Hacienda porteño estima un gasto total de 17 billones y 341 mil millones, financiados por ingresos estimados en 17 billones y 347 mil millones. Los cálculos para CABA este ejercicio muestran un Resultado Económico Primario de $3 billones y 691 mil millones, mientras el Resultado Primario prevé un superávit de $259 mil millones.
El incremento en ingresos y gastos para 2026 representa un aumento nominal de aproximadamente 27,5%. “Este presupuesto equilibrado, el quinto consecutivo, se enfoca en un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”, destacó el ministro Arengo, señalando que cerca del 62% del total del presupuesto se destinará a partidas sociales, siendo educación la que más recursos recibirá con un 20%.
Además, en contraste con el nivel nacional, se prepara una fuerte inversión del 20% en obra pública, incluyendo la esperada línea F de subte y reformas en el impuesto inmobiliario y ABL.
Autonomía porteña: debate sobre la creación del Servicio Penitenciario
Otro proyecto en la agenda es la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la ley de Ejecución de Pena. Con esto, el oficialismo intenta dar un paso más hacia la autonomía porteña y mejorar la situación de los más de 2 mil presos que actualmente están en condiciones inapropiadas en comisarías y alcaidías.
El proyecto busca establecer la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, que tiene como objetivo asegurarse de que haya un mecanismo de custodia segura y políticas actualizadas de reintegración social, buscando reducir la reincidencia. También se propone la profesionalización del personal penitenciario, mejorando las condiciones laborales y los controles internos.
Se ha considerado también un plan de vida para los detenidos, donde se acordarán compromisos y objetivos para facilitar su reincorporación a la sociedad. Esto incluye acceso a educación, salud, capacitación laboral y apoyos sociales, acompañados por un equipo interdisciplinario durante todo el proceso.